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Gendarmería allanó la municipalidad de Quitilipi

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Personal de Gendarmería Nacional, ayer irrumpió en el departamento de obras y servicios públicos que funciona en el corralón municipal, buscando elementos requeridos por la justicia, relacionados a la denuncia del STM por supuesto manejo fraudulento de fondos, tema ligado al subsidio de $998.537 que otorgó la Subsecretaría de Municipios en 2016 cuando la ingeniera Aída Ayala estaba al frente del organismo.  

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Corralón municipal

El operativo a cargo de la fuerza federal comenzó a media mañana en el corralón, luego de requisar el lugar se trasladaron hasta un domicilio particular donde aparentemente había elementos que estaba requiriendo la justicia.  

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Entre las chatarras no halló pruebas

Minutos antes del mediodía, continuaron con el procedimiento en la Municipalidad de Quitilipi, buscando documentaciones y elementos relacionados al caso. Pese a que todo se llevó a cabo de forma hermética, trascendió que los infantes tomaron declaraciones al menos a dos trabajadores y cerraron el acta dejando constancia que el intendente Casalboni no se hallaba en el lugar.     

La denuncia de 2016   

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Prueba presentada por el STM

El Sindicato de Trabajadores Municipales, en menos de un año denunció unas treinta veces al intendente de Quitilipi y varios integrantes de su gabinete por casos de supuesta malversación de fondos, desmanejo y desvíos en el erario público, situación que los mantuvo largo tiempo enfrentados.  

La denuncia de 2016 repercutió por estas horas, en aquel momento Casalboni había sido acusado por supuesto desvío de fondos, por una cifra cercana al millón de pesos que provenía de la Subsecretaría de Municipios para la compra de insumos y maquinarias, fondos que fueron transferidos a la comuna mediante el proyecto “Manos a la obra”, a través del Banco de la Nación Argentina sucursal Quitilipi.

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Resolución Municipal 807 autorizando la compra

La denuncia apuntó directamente al intendente y la ex secretaria de economía Adriana Aselle, quienes habían emitido la orden de pago Nº 01 y la orden de compra Nº 01 con el fin de justificar el pago de la factura Nº 0002-, a favor de la firma Service Hogar de la ciudad de Resistencia, propiedad del señor Claudio Alejandro Tolosa, en concepto de 1 desmalezadora, 3 soldaduras, 3 kit de accesorios para soldadura, 3 mochilas para fumigación, 10 carretillas, 10 motoguadañas, 9 motosierras, 2 hidrolavadora, 1 Compresor de 100 lts. 1 cargador de baterías, 1 acoplado rural para 4 t, 3 tanques plásticos de 2000 lts cada uno.

Además se ventiló que los precios “estaban inflados”, no cumplían con la ley de contratación, no contaba con autorización del Concejo Deliberante, asimismo se ventiló que los bienes adquiridos no fueron inventariados en la Municipalidad.  

Para remachar presentaron copias de la orden de compra, de la Resolución de intendencia Nº 807/16, acta de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Tribunal de Cuentas, Ordenanza Nº 1285, presupuestos de insumos y cuadro de sobreprecios.

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