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Malestar en el Colegio de Abogados del Interior del Chaco por serias irregularidades en la Caja Forense

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La institución se pronunció mediante un crítico documento público que entregó en esta redacción:     

Los Colegios de abogados de Sáenz Peña (II Circ.), de Villa Angela (III Cir.), de Castelli (VI Circ.), y de Charata (IV Circ.), expresan su malestar, en cuanto a la preocupante situación que atraviesa la caja previsional que nuclea a todos los abogados de la provincia.

Dr. Edgardo Reguera Saenz Peña, Oscar Trojan de Castelli, Carlos Piñata de Villa Ángela y Sergio Benito, Chata  

Caja Forense, es la entidad Previsional que agrupa a todos los Abogados de la Provincia y en cuyas manos se encuentra la administración del dinero aportado por todos los Colegas y que constituye nuestra futura Jubilación.

En la Asamblea General Extraordinaria, efectuada en la localidad de Charata el día 29/06/2019, el cuerpo de Directores de la Entidad, nos ha informado que luego de una ardua investigación interna se ha logrado detectar una serie de irregularidades administrativas y un faltante de dinero que al día de la fecha supera la suma de $ 1.000.000 (PESOS UN MILLÓN), irregularidades en las que se han visto involucrados un Empleado y el Gerente administrativo de la Entidad, ambos actualmente en situación de Despido con Justa causa.

Las irregularidades que han determinado el enorme faltante de dinero, han sido puestas en conocimiento de las autoridades judiciales pertinentes y se han encomendado a Profesionales del Derecho, la realización de las acciones Penales y civiles que pudieran corresponder a los responsables de los hechos.

Destacamos la actividad desplegada de los Directores de Caja Forense, que en voto mayoritario han, decidido y llevado adelante las investigaciones pertinentes y han dispuesto el despido con justa causa de las personas sospechadas de haber intervenido en las maniobras que tanto daño y perjuicio han causado a nuestra Caja Forense.

También observamos con profunda preocupación que, se han promovido en contra de la Caja Forense Acciones Judiciales, concretamente el Expte 83/19, en trámite por ante la Cámara Laboral Sala 2 de la ciudad de Resistencia, la que ha despachado en el marco de una Acción de Amparo una medida cautelar por Despido Discriminatorio por la que dispone la reinstalación del Gerente Administrativo de la entidad, que fuera despedido por las razones apuntadas. Tal resolución es de una gravedad institucional de características insospechadas, pues se utiliza una herramienta como el Amparo, para una cuestión de Derecho Laboral Privado, y se dispone una medida cautelar no prevista ni autorizada por la ley.

Esta medida cautelar ha sido decretada previa declaración testimonial de dos Directores de Caja Forense Dr. Andrés Mateo Lozina (de la VI Circunscripción Judicial) y Diego Marcelo Daniel Tolosa (I Circunscripción Judicial), quienes en vez de defender los intereses de la Caja Forense, que les fueran confiados por los asociados, y pudiendo incluso abstenerse de prestar declaración, se han presentado espontáneamente a declarar a favor del Gerente despedido y en contra de la Caja Forense, incluso de lo decidido por el Cuerpo de Directores que ellos mismo integraban por aquel momento. Los cuales sabedores de la gravedad de su actuar, ocultaron esa información a la asamblea general ordinaria llevada a cabo en la ciudad de Villa Ángela el día 27 de abril de 2019. Luego de ello, ambos Directores han presentado su renuncia al cargo.  

Por ello ante la gravedad institucional que esta situación representa, no podemos como Entidad de la Abogacía organizada, menos que mostrar nuestro más enérgico repudio al actuar de la Excma. Cámara en lo Laboral Sala 2 de la ciudad de Resistencia y de los Colegas y Ex Directores de Caja Forense que han declarado en el marco de dicha causa y en contra de la entidad que tenían la obligación legal y moral de defender.

Por ello conforme lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria pasada, en razón de constituir la Medida Judicial dispuesta, una intromisión indebida del Poder Judicial en derechos propios de nuestra institución, mediante medidas judiciales que no resultan idóneas ni previstas para el tratamiento de la cuestión planteada, por haber utilizado una vía procesal no prevista, inexistente en nuestro ordenamiento jurídico para controvertir un despido con justa causa, tergiversando el derecho legal aplicable y, con dicho fallo, producir un daño económico en el patrimonio de la caja de todos los abogados, de difícil reparación posterior, sentando de tal manera, un peligroso precedente judicial que no debe ser tolerado.

Tal actuar Judicial es pasible de pedido de Juicio Político a los magistrados intervinientes que han otorgado en contra de la Caja Forense tan oprobiosa medida, obligando a instalar y continuar pagando haberes y sueldos a una persona Despedida con Justa Causa por las razones ya explicitadas.

Como instituciones que nuclean a los Abogados, no podemos permanecer en silencio, ante semejante arremetida  financiera contra el patrimonio de la Caja Forense, que pone en riesgo nuestro futuro jubilatorio, como así también la existencia misma de nuestra caja, por lo cual dejamos advertido que solicitaremos se inicien las acciones judiciales, civiles como penales, para que los responsables respondan por el daño causado a los intereses patrimoniales de nuestra Caja Forense, y no sólo ante este penoso descubrimiento de faltantes, sino que se investiguen los últimos 20 años de gestión, dado que este actuar genera serias sospechas de que ha existido desde hace tiempo, una mirada por lo menos descuidada de los intereses y del patrimonio de nuestra caja y deberán responder todos los que estén de alguna manera se encontraran involucrados.

En función de ello, Instamos a que se tome postura pública de todos los Colegas y sus representantes ante la penosa realidad que nos toca hoy vivir, atento que el lugar de sede administrativa y de funcionamiento siempre estuvo en capital, aprovechamos para expresar que la misma sea trasladada al interior, de la provincia, más aún teniendo en cuenta que cuenta en todas las cabeceras de circunscripciones con edificio propio.

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